La revisión de contratos mediante IA para empresas de servicios públicos consiste en el análisis automatizado de acuerdos de compra de energía, concesiones, marcos de suministro, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y contratos de licitación pública, comparándolos con el manual jurídico de la propia empresa. El sistema lee cada documento, identifica las desviaciones en las cláusulas y las disposiciones que faltan, y las señala para su revisión jurídica, independientemente del volumen de contratos. Todo ello en una fracción del tiempo que requieren los procesos manuales.
Las empresas de servicios públicos europeas gestionan algunas de las operaciones con mayor volumen de contratos de cualquier sector. Acuerdos de compra de energía, concesiones, contratos de suministro a la red, licitaciones públicas, marcos de proveedores, SLAs. Todo se gestiona de forma simultánea, con diferentes contrapartes y bajo marcos normativos distintos. Para muchos equipos jurídicos y de compras, esto supone entre cientos y miles de documentos activos en un momento dado.
Tres cambios normativos llegan ahora al mismo tiempo a unos equipos que no han crecido lo suficiente como para asimilarlos. La revisión manual de los contratos nunca se concibió para este volumen. La brecha en materia de cumplimiento normativo tiene un coste cuantificado.
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CSRD: las cláusulas de sostenibilidad pasan a ser una obligación legal
La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad exige ahora a las empresas de servicios públicos que incluyan cláusulas de sostenibilidad en los contratos con sus proveedores en toda la UE. El incumplimiento de esta normativa conlleva sanciones reglamentarias. Los equipos jurídicos y de compras deben verificar, en toda su cartera de proveedores, que existan las cláusulas adecuadas y que estas sean exigibles.
NIS2: requisitos de ciberseguridad en los contratos con terceros
Los servicios públicos se clasifican como infraestructuras críticas en el marco de la NIS2. Esto conlleva el máximo nivel de exposición normativa. Todos los contratos de TIC con terceros deben incluir requisitos específicos de ciberseguridad. Y cada deficiencia supone un riesgo directo para el cumplimiento normativo. A escala de cartera, identificar esas deficiencias de forma manual no es viable.
Las secuelas de la crisis energética: los contratos firmados bajo presión son ahora objeto de litigio
En los mercados europeos, los acuerdos negociados durante la crisis energética de 2021-2023 están dando lugar a litigios. Las cláusulas de revisión de precios, las disposiciones sobre fuerza mayor y las condiciones de indexación que nunca se revisaron adecuadamente en su momento están siendo ahora objeto de un minucioso escrutinio. Como consecuencia, las empresas que firmaron rápidamente se están dando cuenta solo ahora de lo que realmente acordaron.
Gestionar cualquiera de estos aspectos por separado es factible. Pero gestionarlos los tres a la vez, en equipos que no han crecido, es donde el modelo falla. De hecho, un estudio de Deloitte de 2024 reveló que una gestión deficiente de los contratos destruye casi 2 billones de dólares en valor económico mundial cada año.
Tres situaciones en las que desaparecen los márgenes
En DiliTrust, hemos observado un patrón similar en las grandes carteras de contratos gestionadas bajo presión de tiempo. Hay algunos aspectos en los que los márgenes tienden a desaparecer, entre ellos:
Renovaciones automáticas silenciosas
La peor pesadilla de cualquier gestor de contratos: un contrato se renueva automáticamente sin que se haya configurado ninguna alerta. En el caso de un único contrato, se trata de una deficiencia en el proceso. Sin embargo, en una cartera con múltiples servicios públicos, el problema se agrava. Los contratos siguen vigentes durante otros doce meses en condiciones que deberían haberse renegociado a los precios actuales del mercado.
Cláusulas de indexación de precios que nunca se revisaron
Las cláusulas de indexación redactadas a favor de las contrapartes eran habituales en los contratos firmados durante la crisis energética. En ese momento los proveedores tenían la ventaja. ¿Cuál es el problema? Muchos siguen vinculados a acuerdos que no se han revisado desde su firma. La exposición financiera aumenta cada año, de forma silenciosa, en documentos que nadie supervisa de manera sistemática.
Faltan cláusulas de cumplimiento
Las disposiciones sobre sostenibilidad de la CSRD y los requisitos de ciberseguridad de la NIS2 deben figurar en los contratos con los proveedores correspondientes. La mayoría de los equipos jurídicos saben exactamente qué deben incluir. Sin embargo, la verificación rápida del cumplimiento a nivel de cláusulas en cientos de acuerdos vigentes es precisamente donde fallan los procesos manuales.
Estos tres riesgos se remontan al mismo problema estructural. El volumen de contratos hace que sea imposible llevar a cabo una revisión coherente y sistemática mediante los procesos tradicionales. Esto tiene graves consecuencias. Por ejemplo, en Estados Unidos se pierden cada año 870 000 millones de dólares en la resolución de litigios. Gran parte de los cuales se deben a cláusulas contractuales que nunca se revisaron, supervisaron ni hicieron cumplir adecuadamente.
¿Qué cambia con la revisión de contratos asistida por IA?
Abordar la cuestión del seguimiento y la aplicación de la normativa a gran escala implica replantearse cómo distribuyen su tiempo los equipos jurídicos y de compras. La IA puede ayudar en este sentido, pero la herramienta elegida debe cumplir ciertos requisitos.
Lo que realmente debería hacer una plataforma CLM
La revisión de contratos asistida por IA lee cada contrato, identifica su tipo y lo compara con las normas de la propia empresa, cláusula por cláusula, independientemente del volumen. Cuando falta algo o se produce una desviación respecto a la política, el sistema lo señala. Y sugiere una redacción que cumpla con la normativa. El abogado revisa la señal y decide: aceptar, modificar o ignorar.
La decisión recae en el profesional del derecho. Lo que cambia es que el sistema gestiona el volumen y la uniformidad que la revisión manual no puede mantener.
Por ejemplo, un equipo que, de forma realista, no podía auditar 500 contratos con proveedores para comprobar su cumplimiento con la normativa NIS2 en el plazo de un trimestre. Y ahora puede hacerlo de forma sistemática, sin necesidad de aumentar la plantilla. En el sector de los servicios públicos, la herramienta CLM debería gestionar un tipo específico de documentación, como por ejemplo:
Con la solución adecuada y las funciones de IA adecuadas, los equipos jurídicos de las empresas de servicios públicos pueden alcanzar resultados sorprendentes.
The business case: ¿Qué ingresos están recuperando las empresas de servicios públicos?
Según los resultados obtenidos por los clientes de DiliTrust CLM en el sector de los servicios públicos:
- Reducción del 20-35 % en los costes de revisión jurídica. Con la reasignación del tiempo que antes se dedicaba al procesamiento manual a tareas que requieren un auténtico criterio jurídico
- Recuperación anual del 0,5 % del valor total de la cartera de contratos (en una cartera de 500 millones de euros, aproximadamente 2,5 millones de euros al año), gracias a la renegociación de las cláusulas de indexación, la evitación de penalizaciones y la recuperación de los plazos de renovación automática.
- Menos de 24 horas para completar un ciclo estándar de revisión de contratos, frente a los días o semanas que requieren los flujos de trabajo manuales.
- Visibilidad desde el primer día de todos los contratos activos, obligaciones, riesgos y próximas renovaciones. Antes incluso de que se apliquen las cifras mencionadas anteriormente
La cuenta atrás ya ha comenzado
La CSRD, la NIS2 y las obligaciones de cumplimiento derivadas de los mercados energéticos tras la crisis ya están en vigor. Todos los contratos que se firman hoy se inscriben en ese marco normativo.
Cada trimestre que se mantiene el enfoque actual supone otro trimestre de exposición acumulada y sin control. Los equipos jurídicos y de compras que trabajan bajo las obligaciones vigentes de la CSRD y la NIS2 pueden cuantificar el coste de esa deficiencia en las cláusulas renegociadas que no se han detectado, las renovaciones que no se han señalado y las sanciones que no se han evitado.
Descubra cómo DiliTrust CLM ofrece a los equipos jurídicos y de contratación de las empresas de servicios públicos una visibilidad completa de los contratos, desde los riesgos de las cláusulas hasta las alertas de renovación, en una plataforma diseñada para la complejidad de su sector.
Preguntas frecuentes
Las auditorías de cumplimiento estándar evalúan las políticas y los marcos de gobernanza, no las cláusulas contractuales individuales. Según la NIS2, los requisitos específicos de ciberseguridad deben figurar en todos los contratos de TIC con terceros, lo que significa que se requiere una verificación a nivel de cláusula en toda la cartera de proveedores. A cualquier escala significativa, eso requiere una revisión automatizada.
Un solo ciclo de revisión de contratos se reduce a menos de 24 horas con la revisión asistida por IA, en comparación con los días o semanas que se tarda manualmente. Para una cartera completa de proveedores, la variable significativa es la rapidez con la que el departamento jurídico puede clasificar los casos, no el tiempo que tarda el sistema en procesarlos. Los equipos que utilizan DiliTrust CLM suelen completar auditorías completas de la cartera en semanas, en lugar de en trimestres, ya que la IA se encarga del volumen mientras que el departamento jurídico se centra en las excepciones señaladas.
El valor recuperable depende del tamaño de la cartera y del tiempo que los contratos hayan estado sin supervisión.
Según los resultados de los clientes de DiliTrust CLM en el sector de los servicios públicos, las organizaciones suelen recuperar anualmente el 0,5 % del valor total de la cartera de contratos mediante la renegociación de cláusulas de indexación, la recuperación de plazos de renovación automática y la evitación de penalizaciones. En una cartera de 500 millones de euros, eso supone aproximadamente 2,5 millones de euros al año. Los costes de revisión jurídica suelen reducirse entre un 20 % y un 35 %, ya que el tiempo se dedica cada vez menos al procesamiento manual y más al trabajo que requiere un mayor criterio.
