El cambio climático y la evolución normativa que ha provocado no son nada nuevo. El Green Deal de la UE y la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) están en el centro de esta transformación. Hoy, la mayoría de las empresas —sin importar el sector— deben cumplir con normativas ASG y reportar sus avances. Algunos sectores, no obstante, sienten más presión que otros. En 2025, tanto el Green Deal como la CSRD marcarán un punto de inflexión. Los profesionales jurídicos deberán moverse con soltura en este entorno normativo, no solo para asegurar el cumplimiento, sino también para impulsar un crecimiento verdaderamente sostenible.
¿Qué significa esto para los departamentos jurídicos del sector energético? Exploremos el panorama normativo y cómo los equipos jurídicos pueden gestionar con éxito estos requisitos cambiantes.
Entender el panorama normativo
Primero, repasemos cuáles son los objetivos de las iniciativas europeas Green Deal y CSRD y su papel en el sector energético.
Implicaciones del Green Deal de la UE para el sector energético
En resumen, el Green Deal Europeo es la hoja de ruta de la UE hacia la neutralidad climática en 2050. Es un objetivo ambicioso que impulsa legislaciones para promover una energía más sostenible. Entre sus pilares clave están el Pack Fit for 55 y la Directiva de Eficiencia Energética.
El Pack Fit for 55
El Pack «Fit for 55» engloba todos los objetivos del Green Deal de la UE. Pretende reducir las emisiones en un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Una de las últimas actualizaciones de esta normativa se centra en la reducción de las emisiones de metano. Este gas, con una vida atmosférica de 12 años, está presente en la producción de petróleo y gas fósil. La enmienda pretendía colmar ciertas lagunas y centrarse en:
«La producción de petróleo y gas fósil, pero también en las procedentes de la captación y transformación de gas fósil, el transporte, la distribución y el almacenamiento subterráneo de gas, y las terminales de gas líquido que operan con metano fósil y/o renovable».
Este tipo de actualizaciones son frecuentes. Los equipos jurídicos encontrarán revisiones del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, entre otras normativas que afectan a la industria energética.
Directiva sobre energías renovables (RED III)
La Directiva sobre energías renovables (DER) es el principal marco jurídico de la Unión Europea para fomentar las energías renovables en todos los sectores. Establece objetivos y normas vinculantes para aumentar el uso de fuentes de energía renovables. Entre ellas, destacan la energía eólica, la solar y la bioenergía, en toda la UE. La RED ha creado grandes expectativas… En noviembre de 2023, el objetivo de energía renovable para 2030 se fijó en al menos el 42,5%. La expectativa real es llegar al 45%.
A pesar de conllevar retos, también supone oportunidades para el sector energético. La directiva incluye medidas que simplifican los Acuerdos de Compra de Energía (PPA) en la Unión Europea. De hecho, RED ha introducido procedimientos para agilizar el proceso y fomentar el uso de los CCE.
De manera general, la RED apoya una transición de la UE hacia un sistema energético más limpio y sostenible. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la seguridad energética disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles importados.
Directiva sobre eficiencia energética
La Directiva de Eficiencia Energética (DEE) complementa estos esfuerzos. Esta directiva fija objetivos vinculantes para reducir el consumo de energía en un 11,7% de aquí a 2030, en comparación con las previsiones para 2020. Introduce obligaciones tanto para el sector público como para el privado. Entre las obligaciones se encuentra el requisito de que los organismos públicos reduzcan su consumo de energía en un 1,9% cada año y renueven al menos el 3% de sus edificios anualmente.
La Directiva también establece el principio de «la eficiencia energética es lo primero». De tal manera impulsa a las organizaciones a dar prioridad a la eficiencia en todas las decisiones operativas y de inversión. Para los equipos jurídicos, esto significa navegar por los nuevos requisitos de cumplimiento. A la vez, deben ayudar a sus organizaciones a equilibrar las necesidades operativas con las ambiciones de economía de energía de la UE.
Los equipos jurídicos deben interpretar estas directivas, evaluar sus implicaciones y guiar a sus organizaciones en la aplicación de los cambios necesarios para cumplir estos ambiciosos objetivos.
Comprender el CSRD y su impacto
Mientras que el Green Deal de la UE se centra en proporcionar un marco estructurado y disposiciones para alcanzar objetivos climáticos específicos, el CSRD se amplía para incluir requisitos de información. Al día de hoy, aproximadamente 50.000 empresas están sujetas a divulgaciones ESG detalladas. Además, dentro de estas 50.000, también se cuentan las entidades no pertenecientes a la UE con operaciones significativas en la UE.
Doble materialidad
La doble materialidad es un componente clave de las Normas Europeas para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad y es exigida por muchas empresas debido a la CDSR. En resumen, la doble materialidad es el concepto que alinea la actividad financiera con los objetivos de sostenibilidad. Como resultado, las empresas deben evaluar e informar no sólo sobre cómo las cuestiones de sostenibilidad afectan a sus resultados empresariales. Sino, también deben informar sobre cómo sus actividades afectan a las personas y al medio ambiente. Esta doble perspectiva amplía la presentación de informes mucho más allá del riesgo financiero. En efecto, exige a los equipos jurídicos que gestionen los riesgos de reputación, operativos y normativos.
Normas europeas para la elaboración de memorias de sostenibilidad
Este marco de información no es del todo nuevo. Introduce marcos de información normalizados para garantizar la coherencia y comparabilidad de la información. Entre los elementos clave destacan las normas medioambientales, sociales, de gobernanza y generales. De hecho, la doble materialidad forma parte del ESRS. Lo que aún está por llegar son las normas sectoriales aplicables a las empresas que operan (no necesariamente tienen su sede) en la Unión Europea. Hasta ahora, algunos sectores no se ven afectados por estas normas de información, como el petróleo, el gas y la producción de energía. Sin embargo, la industria energética debe permanecer alerta, ya que estos componentes específicos no tardarán en llegar.
Garantía de terceros
La CSRD exige la verificación externa de los informes de sostenibilidad, lo que aumenta la responsabilidad y fiabilidad de la información divulgada. Se trata de evitar el green washing y las afirmaciones falsas. Si se recomendaba desde hace tiempo, llevar revisiones externas, la CSRD las convierte en una obligación legal. En lugar de verlo como un reto adicional, también es una oportunidad. Los equipos jurídicos pueden participar así activamente en el control de la reputación de la empresa.
Los departamentos jurídicos son responsables de garantizar que estas divulgaciones sean precisas, exhaustivas y conformes con las nuevas normas, mitigando así los posibles riesgos legales y de reputación.
Retos para los equipos jurídicos del sector energético
Tanto el Green Deal de la UE como el CSRD contienen amplias disposiciones, directrices y normas estrictas que las empresas de la Unión Europea deben cumplir. Para los equipos jurídicos del sector de la energía, ambos plantean retos particulares que se añaden a su trabajo diario. Descubramos algunos de los principales retos.
Cumplimiento de las normas de información reforzadas
La elaboración de informes no es algo nuevo para los equipos jurídicos. Los profesionales del Derecho están acostumbrados a unas directrices estrictas de elaboración de informes y prestan gran atención a los detalles. Las mayores dificultades a las que pueden enfrentarse los equipos jurídicos en relación con la adhesión al Green Deal de la UE y al CSRD son:
- Colaboración entre equipos para garantizar el cumplimiento y recopilar los datos ESG precisos necesarios para ajustarse a los requisitos del CSRD.
- Gestionar una mayor carga de trabajo administrativo. Sobre todo porque el CSRD aún tiene que aplicar normas específicas para el sector de la energía en lo que respecta a las empresas que operan en la UE.
Estos aspectos abren la puerta a riesgos de incumplimiento. En el caso del sector de la energía, el riesgo es especialmente elevado. Esto se debe a que no solo se trata de uno de los principales focos de atención de la aplicación de la normativa de la UE sobre el Green Deal y la Directiva sobre responsabilidad social de las empresas. Además, podría parecer que las líneas no son claras: Las empresas de la UE están afectadas, pero las empresas no pertenecientes a la UE que operan en la jurisdicción siguen teniendo obligaciones de información diferentes.
Los profesionales jurídicos deben establecer marcos sólidos para garantizar la puntualidad y precisión de los informes. Además, deben guiar a los equipos multifuncionales en la preparación de informes fiables que cumplan las expectativas legales y operativas.
Adaptación al Pacto Industrial Limpio
Como continuación del Green Deal de la UE, el Pacto por una Industria Limpia esboza medidas concretas para convertir la descarbonización en un motor de crecimiento para las industrias europeas. Se centra específicamente en las industrias de alto consumo energético (químicas, por ejemplo) que necesitan más apoyo para descarbonizarse, y en el sector de las tecnologías limpias. Este último es de especial interés, ya que el Clean Industrial Deal considera la tecnología limpia como una palanca para el crecimiento.
El Clean Industrial Deal de la UE moviliza más de 100.000 millones de euros para apoyar la descarbonización de la industria y promover las tecnologías limpias. Los equipos jurídicos deben navegar por las complejidades de los marcos de ayudas estatales, evaluar la elegibilidad para la financiación y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios asociados.
Comprender los matices de estos incentivos es crucial para aprovechar la ayuda financiera sin dejar de cumplir las obligaciones legales.
Respuestas jurídicas estratégicas y buenas prácticas
Integración de ESG en el gobierno corporativo
Integrar criterios ASG en el gobierno corporativo es esencial. Esto incluye políticas internas alineadas con normativas y objetivos de sostenibilidad. No deben entorpecer los objetivos de negocio. Los profesionales jurídicos pueden asesorar estratégicamente para equilibrar ambos aspectos.
Las políticas internas no bastan si no se aplican. Los equipos jurídicos deben fomentar su comprensión y cumplimiento. También deben promover una comunicación clara con el consejo de administración. El objetivo: impulsar decisiones coherentes con las políticas internas.
La educación es clave para una gobernanza ASG efectiva. Ayuda a que todos comprendan el propósito y alcance de estas políticas.
Anticiparse a los cambios normativos
Adelantarse a los cambios normativos permite a las organizaciones adaptarse con rapidez y mantener el cumplimiento. Anticiparse a esos cambios exige que los profesionales del Derecho sigan de cerca la evolución de la legislación y la traduzcan en medidas proactivas. Este enfoque prospectivo permite a las empresas no sólo reaccionar. También permite planificar estratégicamente las nuevas expectativas en materia de ASG.
Para tener éxito, los equipos jurídicos deben desarrollar sistemas internos de seguimiento. Además, deben contribuir a la planificación de escenarios y participar en los debates del sector para mantenerse al día.
Aprovechar la tecnología para el Green Deal de la UE y el cumplimiento del CSRD
Aprovechar la tecnología es un factor esencial para los equipos jurídicos que pretenden cumplir eficazmente las crecientes obligaciones ASG.
En materia de gobernanza, hay varias herramientas clave. Por ejemplo, los sistemas CLM ayudan a los equipos jurídicos a gestionar cláusulas ASG en contratos con proveedores y clientes. Así, reducen el riesgo de incumplimiento y daño reputacional. Las soluciones de gestión de entidades centralizan registros y obligaciones en distintas jurisdicciones, creando una fuente única de verdad para la alineación ASG. Por su parte, las plataformas para consejos de administración facilitan decisiones informadas y transparentes. Esto se debe al dar acceso ágil a datos ESG y actualizaciones legales. Estas tecnologías permiten que los departamentos jurídicos pasen de ser guardianes del cumplimiento a líderes estratégicos de la transformación ASG.
Ir más allá
En 2025, los departamentos jurídicos del sector energético lideran la adaptación a marcos normativos como el Green Deal y la CSRD.
Integrar la sostenibilidad en la gobernanza permite anticipar cambios normativos y minimizar riesgos legales. Con visión estratégica y tecnología, los equipos jurídicos pueden garantizar el cumplimiento e impulsar la transformación del negocio.
